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Pacto por México, ¿misión imposible?

Tener una economía sustentable y un gasto público eficiente son temas del interés común. Pero el acuerdo se limita a reflejar el “qué” y no el “cómo”.

04-12-2012, 6:50:32 PM
Pacto por México, ¿misión imposible?
Elie Smilovitz / Twitter: @smilovitz

El “Pacto por México
es un compromiso entre las tres principales fuerzas políticas de México y el nuevo Presidente para sacar adelante algunas reformas
 básicas, como la educativa,  la de telecomunicaciones y la Ley de
Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública.  El texto, firmado por los líderes políticos el
día dos de diciembre, tiene cinco capítulos que tratan temas como la seguridad
y la lucha contra la corrupción. Uno de ellos se  dedica al tema económico y se titula: Acuerdos para el crecimiento económico, el
empleo y la competitividad.

No obstante, para José Miguel Pérez, profesor investigador de Administración Pública en el Tec de Monterrey este pacto “no es ninguna novedad”. “Esperemos que no sea una de las
muchas ocurrencias de la política mexicana que no han llegado a más, porque cuando este tipo de pactos han funcionado, como es el caso de los
Pactos de la Moncloa en España, los resultados fueron magníficos”, asegura.

¿Qué propone el
capítulo económico?

A lo largo de sus 11 subtemas, el capítulo económico del Pacto
por México destaca la importancia de una mayor “eficiencia recaudatoria”, la
necesidad de “fortalecer las finanzas
del Estado
”, de tener un “gasto
público
más eficiente”, de fijar “pagos por servicios ambientales” , de
utilizar el “crédito como palanca de
crecimiento”, de extender las actividades de exploración en Pemex, de
“realizar una reforma energética que
sea motor de inversión y desarrollo”, la promesa de “invertir el 1% del PIB en ciencia y tecnología”, de “fortalecer a
la Comisión Nacional de la Competencia
y de reformar el sector de
telecomunicaciones
, entre otros asuntos, como el impulso de la sustentabilidad y de una “economía baja
en carbono”.

El “qué” queda claro. El pacto busca detonar la
competitividad de la economía nacional, para que ésta sea más amigable con el
medio ambiente, utilice mejor sus recursos escasos y, en lo respecta al sector
público, el Gobierno logre, en palabras de Peña “hacer más con menos”.

Sin embargo, el “cómo” es la parte menos desarrollada del
acuerdo. Por ejemplo, se señala la necesidad de aplicar una reforma energética,
pero no se establecen los mecanismos para permitir la inversión de empresas
privadas y extranjeras en Pemex.  Se
promueve una economía baja en emisiones de gases
con efecto invernadero
(GEI), pero no se plantean medidas prácticas para
conseguir esta reducción, ni metas sectoriales específicas.  

No obstante, en relación al sector de telecomunicaciones, el
Pacto por México sí propone mayor autonomía para la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel). Y, en
este sentido, Peña ha declarado que se licitarán al menos dos nuevas cadenas de
televisión abierta.

En cuanto al empleo,
el Pacto asegura que es necesaria una inversión
público-privada del 25% del Producto Interior Bruto (PIB), para lograr un
crecimiento mínimo del 5% a nivel nacional y la creación de empleo que requiere
la sociedad. Aunque se limita a plantear estas cifras, sin determinar de dónde
saldrá el capital para la inversión
o cómo se crearán los 1.5 millones de nuevos empleos que demanda el mercado
laboral
año con año.

¿Para qué servirá el
acuerdo?

El apoyo por parte de los tres grandes partidos garantiza la
aprobación de cualquier Ley en el Congreso
de la Unión
, sin embargo, cabe mencionar que muchos de los objetivos
trazados por el Pacto no se alcanzarán sólo mediante la aprobación de nueva
legislación.

El texto se enfoca en el rol del Gobierno y sólo en menor
medida en la participación del sector
privado
en general y de organizaciones civiles en particular, imprescindibles
ambas para conseguir una economía más sustentable y con un nivel más bajo de
emisiones de GEI. Si bien, en el caso del desarrollo de líneas férreas para
pasajeros, que es otro de los objetivos planteados en el Pacto, el Gobierno sí
podrá restringir las licitaciones desde un comienzo, para que el impulso de
este subsector esté en línea con los objetivos ambientales.

Dentro del Pacto, el tema económico que depende en mayor
medida de los propios partidos no es otro que el del gasto público. En este
sentido, el Pacto empodera a la sociedad civil para exigir resultados más
eficaces a los responsables de la Administración pública, como contar con
cifras macroeconómicas y de deuda pública federal y estatal que no pongan en peligro la estabilidad.

Ley Hacendaria, en camino

El “Proyecto de Ley de responsabilidad hacendaria”, tiene
como objetivo impedir que las Entidades Federativas y el propio Gobierno Federal
se endeuden demasiado. Sin embargo, este objetivo puede representar un
obstáculo para cumplir con otra meta del Pacto, la de utilizar el crédito como
palanca de crecimiento. Armonizar ambos determinará la estrategia gubernamental
hacia los bancos. Y, en este sentido, la sociedad civil demandará
responsabilidad, para evitar burbujas como la de 2008 y nuevas crisis financieras que puedan golpear a
la economía, como ocurrió en 2009, cuando el PIB cayó más del 6%.

Diputados han destacado que para el ejercicio 2013 se buscará
un déficit cero, así como “racionalidad”
en los programas de gasto. Por su parte, la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara baja prevé que la
Ley de Ingresos
para el próximo ejercicio sea aprobada hacia el 19 de
diciembre, con la premisa de que no se impondrán nuevos impuestos.

Así, la Ley de Responsabilidad Hacendaria será la primera prueba para el objetivo de mantener un déficit cero y de mostrar una mayor eficacia del gasto público, en particular del gasto corriente, que, según un estudio realizado por el Tec de Monterrey, aumentó en 800 mil millones de pesos (mdp) entre 2006 y 2011, lo que implica que creció más que la inversión pública. 

El Dr. José Luis de la Cruz, coautor del estudio, afirma que si los funcionarios de élite recortaran sus sueldos un 15%, podrían pagar 800 mil salarios mínimos, pues el reporte demuestra que más de 152 mil funcionarios públicos perciben un ingreso de 500 mil pesos anuales, o más. 

¿Crees que la
reforma energética y fiscal deben contar con el apoyo de los tres partidos
mayoritarios o debe haber oposición?

Para saber más:

Claves de los expertos para una reforma fiscal integral

Pemex, el gran contribuyente

Y las ciudades más competitivas de México son…

Los empleos mejor remunerados en México

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