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¿Qué propone la nueva ley de empresas público-privadas?

07-02-2012, 3:45:48 PM Por:
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Adjudicar todas las etapas de un proyecto a una sola empresa y publicar en internet la información de los contratos, entre las reformas.

El pasado 16 de enero se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP). La iniciativa, que además modifica cinco leyes relacionadas con la construcción de infraestructura y provisión de servicios, pretende generar un marco regulatorio y un esquema a seguir para la asociación de inversionistas privados con entes gubernamentales. El acuerdo definido como “clave” por el Presidente Felipe Calderón para el desarrollo de México, representa una variante a los modelos de financiamiento, busca la mayor y mejor coordinación, y la suma de habilidades y experiencia en la puesta en marcha de proyectos de inversión de infraestructura pública. Teniendo como algunos de sus principales objetivos: 

1. Dar mayor eficiencia en el uso y asignación de recursos públicos.

2. Fomentar la adjudicación integral de los proyectos, asignando a empresas definidas todas las etapas de un proyecto.

3. Transparentar información, mediante un registro público de toda obra y contrato, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4. Promover iniciativas del sector privado que enriquezcan el desarrollo de infraestructura. 

La ley regula los esquemas de participación público-privada (PP), lo que facilitará al sector privado para responder a las oportunidades de inversión en infraestructura y prestación de servicios al sector público. Por ejemplo, a través de prestación de servicios en la que los bienes necesarios son adquiridos, total o parcialmente, por los privados y que el Gobierno cancela en plazos mayores a diez años, recibiendo la infraestructura en operación. Permitirá, demás, que el Gobierno lleve a cabo asignaciones directas y que las empresas privadas propongan la construcción de infraestructura. 

LAPP también busca mejorar las condiciones económicas y productivas para el Gobierno, en el ámbito de infraestructura, ya que incrementa los recursos gubernamentales disponibles para su desarrollo gracias a la incorporación de inversiones privadas, que apoyarán el diseño, construcción, equipamiento, financiamiento, operación y mantención de la infraestructura pública.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal darán prioridad a los proyectos a desarrollarse mediante esquemas de APP. Para ello deberá demostrarse la viabilidad del mismo, a través de un análisis exhaustivo del proyecto, su viabilidad técnica y económica, inmuebles, bienes y derechos necesarios para su desarrollo, autorizaciones necesarias, entre otros.

De esta forma, un régimen jurídico específico reglamentará y propiciará la inversión en infraestructura. Dará mayor certidumbre, al establecer un esquema claro que facilitará la distribución equitativa de riesgos entre sector público y privado.  Facilitando también la percepción de riesgo de instituciones financieras y la obtención de financiamiento a proyectos. Por lo mismo, se prevé que la banca comercial y de desarrollo podrá canalizar recursos al desarrollo de infraestructura y no enfocarse en créditos de consumo, de vivienda y el financiamiento de grandes empresas.

La Ley de Asociaciones Público Privadas pretende brindar una seguridad legal a particulares y al Gobierno, mediante mecanismos claros de prórroga, infracciones y sanciones por incumplimiento de los acuerdos. Apoya el papel del sector privado en el desarrollo de infraestructura al asumir riesgos en la construcción en un esquema mixto, lo que se puede traducir en mayores inversiones y, por ende, en mayores vacantes laborales. 

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autor Equipo de jóvenes periodistas cuyo objetivo es explicar las noticias más relevantes de negocios, economía y finanzas. Nos apasiona contar historias y creemos en el periodismo ciudadano y de servicio.
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