México cuenta con 17 millones de hectáreas consideradas como Áreas Naturales Protegidas.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el año 2011 como el Año Internacional de los Bosques, reconociendo que los bosques y el manejo forestal sustentable pueden contribuir significativamente al desarrollo sustentable y a la erradicación de la pobreza, convencida de que los esfuerzos concertados deben dedicarse a crear más conciencia en todos los niveles, para fortalecer la conservación y desarrollo de todo tipo de bosques, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo; cerca de 10% de las especies del planeta se encuentran en nuestro territorio, sumando más de 200 mil especies. Además de este número tan importante, la diversidad en nuestro país es relevante, porque muchas de las especies de relevancia agrícola tuvieron su origen en nuestro territorio.
A pesar de lo anterior, y de que tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en otros documentos de políticas públicas, se subraya la importancia de los bosques de nuestro país, todavía existen grandes retos en cuanto a su gestión.
Uno de ellos es el que se refiere al cambio de uso de suelo, práctica que conlleva en muchas zonas del país el agotamiento de los recursos forestales, ya que en el afán de que los campesinos tengan más tierras para cultivar, se empiezan a deforestar los bosques, incrementándose, también, con ello los incendios, que en muchos de los casos se salen de control y se extiende a otros lugares.
El cambio en el uso de suelo genera, además, problemas como la erosión de la tierra, debido a que en muchos de esos lugares deforestados, su vocación natural, no es propiamente para la agricultura, aunado a que los campesinos constantemente están explotando la tierra sin dejarla descansar, no utilizan pesticidas, plaguicidas y fertilizantes que sean amigables con el ambiente; sobreexplotan el agua de los ríos, a la vez que los contaminan, porque el agua con que se riegan los campos aunado a los químicos que se utilizan, se filtran en la tierra y nuevamente regresan al río.
En la Ciudad de México, desde hace poco, se considera el cambio de uso de suelo como un delito, aunque el tratamiento del tema en las zonas más biodiversas del país, como Oaxaca o Veracruz, por poner sólo un par de ejemplos, dista mucho de ser la misma.
Otro de los retos de los bosques se relaciona con el papel de las Áreas Naturales Protegidas en la Protección de la biodiversidad; éstas constituyen el principal instrumento que el gobierno ha elegido para canalizar los esfuerzos de conservación de los bosques. Además de su función de protección y conservación de paisajes, ecosistemas y especies, las Áreas Naturales Protegidas han servido como punto focal para el desarrollo de actividades de aprovechamiento sustentable de la biodiversidad con la participación de las comunidades locales. No obstante, es necesario hacer un análisis crítico del papel que hasta ahora han jugado las Áreas Naturales Protegidas en el cumplimiento de sus objetivos, la existencia y pertinencia de sus planes de manejo y la financiación de las acciones a desarrollar en las mismas.
En San Luis Potosí, por ejemplo, tanto el Gobierno del Estado, como Instituciones Educativas y Organismos Ambientales, han coincidido en afirmar que la instauración y operación de las Áreas Naturales Protegidas “es un esfuerzo desesperado e insuficiente por salvar ecosistemas y biodiversidad”, por lo que una solución inmediata sería la creación de Áreas Naturales Protegidas en un 15% de la superficie de cada región, lo cual consideran disminuiría considerablemente la actual tasa de destrucción de ecosistemas y desaparición de especies.
México cuenta con 17 millones de hectáreas consideradas como Áreas Naturales Protegidas. Éstas prestan servicios ambientales a todo el país, beneficios directos para la sociedad que ésta debe reconocer y, ¿por qué no?, pagar. Además de su función como reguladoras del clima y relevantes. Por lo tanto, como forma de mitigación del cambio climático, sirven para la protección de las cuencas hidrológicas, evitan deslaves y aluviones que pueden amenazar a las poblaciones e infraestructura de desarrollo. En lo relativo al agua, además: captan la lluvia; almacenan, regulan y retienen el agua para posteriormente ser usada en el abastecimiento de las poblaciones, agricultura o industria y sirven de transporte, así como de mecanismo de saneamiento del agua superficial y subterránea.
A pesar de lo anterior, el pago por servicios ambientales es todavía un instrumento poco extendido en el país y que funciona como subsidio otorgado a través de la CONAFOR.
Es necesario, pues, que se extienda el pago por servicios ambientales en nuestro territorio y que se diseñen instrumentos de mercado para su puesta en marcha, como sucede en otros países, constituyendo este instrumento un área importante de oportunidad para la protección de los bosques del país.
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